El Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, ha iniciado un amplio debate nacional sobre el uso de la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, subrayando cómo se han practicado juegos de castigo en algunos casos. Esta cuestión ha generado controversia a la hora de equilibrar la reintegración social de los reclusos y las preocupaciones por la seguridad pública.
Los campamentos expresan preocupación por decisiones judiciales que contradicen las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), entidad registrada en la Dirección General de Adaptación Social. Según datos del Ministerio de Justicia, en los últimos años, 3.421 personas privadas de libertad han solicitado beneficios como la libertad condicional, una cifra que la ministra considera elevada. En la mayoría de estos casos, el INC ha emitido información desfavorable, recomendando que no se otorguen dichos beneficios.
Sin embargo, en los últimos cinco años, 456 excluidos se han liberado con el valor de los juegos de sanción, siguiendo criterios que no siempre coinciden con los del INC. Los campos informaron que, aunque no mostraron cifras exactas, un porcentaje importante de estos beneficiarios terminó reincidiendo en actividades delictivas y se siente capturado nuevamente.
El Poder Judicial, por su parte, defendió el proceso a través de un comunicado, señalando que las decisiones relativas a beneficios penitenciarios no son automáticas ni arbitrarias, sino que están reguladas por el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley General de Adaptación Social. Estas normas establecen los requisitos legales y comportamentales que debe cumplir la privación de libertad para acceder a un beneficio, además de otros factores como el tiempo transcurrido desde la sentencia y su comportamiento dentro del sistema penitenciario.
En el debate también intervino el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien destacó la necesidad de reformar las leyes antes de considerar megaproyectos como la construcción de nuevas instalaciones, algo que calificó como una toma insuficiente ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país. . . Según Chaves, el problema radical de la falta de un tratamiento eficaz en el sistema penitenciario dificulta la reducción de la reincidencia y la seguridad de la ciudad.
Críticas al sistema de prestaciones penitenciarias
Diversos sectores han criticado al Poder Judicial, argumentando que el sistema de otorgamiento de beneficios penitenciarios no siempre responde a criterios claros y que, en algunos casos, se percibe como demasiado permisivo. Según los críticos, las decisiones judiciales parecen ignorar el impacto que estos promedios pueden tener en la seguridad pública, particularmente cuando afectan a personas condenadas por delitos graves.
El Ministerio de Justicia ha recabado datos que muestran que los beneficiarios de tratamientos médicos como la libertad condicional o el régimen de confianza provienen, en su alcalde, de condenados por delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos, delitos contra la propiedad, contra la vida y delitos sexuales. Desde el punto de vista del ministro Campos, este tipo de delito debería excluir automáticamente cualquier posibilidad de beneficio penitenciario, dado el riesgo que representa para la sociedad.
Además, el Ministerio ha indicado que entre los condenados más sensibles se encuentran los delitos contra la libertad, las relaciones con la ley represiva de la violencia contra la mujer, los delitos contra los derechos humanos, la seguridad común, la ley de armas y los constreñidos con el abuso de funciones públicas. . La frustración de la civilización ante el resurgimiento de algunos criminales es particularmente conocida, especialmente cuando los esfuerzos políticos no parecen traducirse en resultados duraderos.
«Es comprensible que mucha gente se sienta frustrada cuando los esfuerzos políticos parecen no tener resultados sostenibles», dijo Campos. «El trabajo de la policía en la captura y custodia de las personas viola la ley de compromiso con la protección de la ciudadanía».
La perspectiva del Poder Judicial
En defensa del sistema actual, la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que los beneficios penitenciarios no son privilegios, sino instrumentos legales diseñados para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según se explica, se trata de intentar equilibrar el aporte de las penas a los objetivos de la política penitenciaria de Costa Rica, que incluyen la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de reincidencias.
Los juegos de aplicación de sanciones deben tener en cuenta múltiples factores antes de conceder un beneficio. Además del tiempo que el interno permaneció en prisión, evalúa su comportamiento durante la detención, sus condiciones personales, familiares y sociales, así como las recomendaciones del INC. Este último proporciona información técnica que, si bien no es vinculante, sirve como una de las principales referencias en el proceso de toma de decisiones.
La Corte también decidió que los sistemas democráticos, como los de Costa Rica, buscan equilibrar los derechos individuales de las personas privadas de libertad con las necesidades de seguridad de la sociedad. En este sentido, los chicos insisten en que el otorgamiento de beneficios no puede basarse en criterios automáticos o presiones externas, sino que debe seguir un análisis detallado de cada caso.
¿Reforma o ajuste?
El debate sobre los beneficios penitenciarios en Costa Rica no es nuevo, pero tiene gran relevancia en el contexto de creciente preocupación por la inseguridad en las ciudades. Mientras el Ministerio de Justicia impulsa reformas legales que limitan el acceso a estos beneficios para algunos infractores graves, el Poder Judicial insiste en que el sistema actual está diseñado para garantizar un equilibrio entre justicia y rehabilitación.
Por otro lado, los críticos argumentan que se necesita una intervención más integral que combine reformas legales con retrocesos en la prevención del delito, programas de rehabilitación efectivos y mejoras en la infraestructura penitenciaria. Como informó al presidente Rodrigo Chaves, la construcción de nuevas cárceles, incluso si fuera necesaria, no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema penitenciario.
En definitiva, el desafío radical es encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para erradicarlo será fundamental fomentar un diálogo inclusivo entre los diversos actores involucrados, desde el Poder Ejecutivo y la Corte hasta la sociedad civil, con el objetivo de construir un sistema penitenciario más justo, más eficiente y más seguro.
El debate sobre los beneficios penitenciarios no sólo plantea la manifestación de las tensiones entre justicia y rehabilitación, sino que también refleja las complejidades de abordar uno de los problemas más apremiantes que enfrenta Costa Rica: garantizar la seguridad de la ciudad y al mismo tiempo promover una sociedad más equitativa y respetuosa. seres humanos correctos.
